La ministra de Economía Elena Salgado ha declarado con motivo de la reforma constitucional en ciernes que apoyan PSOE y PP que se trata, fundamentalmente, de un mensaje claro a los inversores en el sentido de que las reformas económicas en España van en serio y de que el déficit público no aumentará en el futuro. La reforma constitucional (propuesta por un agónico gobierno del PSOE cuyo presidente ni siquiera se presenta a la reelección) es la primera de gran calado desde la aprobación de la vigente Constitución Española en 1978 (en 1992 se modificó el artículo 13.2 para otorgar derecho a voto a los residentes extranjeros en elecciones locales a propuesta de todos los grupos parlamentarios y en votación unánime) y pretende introducir en su texto un techo de endeudamiento para el conjunto de las administraciones públicas del Estado español…
Precisamente un precepto legal similar, el llamado «techo de la deuda», ha sido una de las causas por la que Estados Unidos ha estado recientemente al borde del colapso económico con un Estado federal en el límite de la suspensión de pagos durante varias semanas del mes de agosto de este año en un país, EEUU, con una mortalidad infantil muy superior a la de Cuba y con decenas de millones de súbditos sobreviviendo gracias a los cupones alimenticios. La ministra de Economía ha añadido que limitando el techo del déficit del Estado español, los inversores (léase los “socios capitalistas” que compran deuda estatal) son situados en un rango legal de primer nivel, el constitucional.
Esta reforma, cuyos defensores en la derecha del espectro político —ya sea desde el gobierno o desde su “oposición”— nos venden también como una especie de designio fatal del los tiempos que corren (una imposición de la Unión Europea o de su eje franco-alemán), confirma algo que ya venían avanzando lo más destacados economistas de izquierdas desde el estallido de la burbuja financiera-especulativa en EEUU en 2008: que esta crisis implica en realidad un golpe del poder económico capitalista en Occidente cuyo fin es eliminar los últimos restos del Estado del bienestar surgido en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, para así dar rienda suelta a un capitalismo especulativo desbocado desde el momento histórico que dio inicio a la actual etapa: la disolución de la URSS hace dos décadas. Un acontecimiento que —de seguir así las cosas, esperemos que no— podría ser definido por los historiadores del futuro como el principio del fin de la Edad de los derechos del hombre y del ciudadano que se inició en 1789 con la Toma de la Bastilla de París.
El golpe constitucional
Si algo define esta segunda legislatura del PSOE con gobiernos formados en torno a Zapatero es el desmantelamiento de las últimas bases del Estado del bienestar en España: drástica disminución de la renta de la clase trabajadora en forma de recortes de salarios y pensiones, ataque a la negociación colectiva con una reforma tendente a su supresión en la práctica (la “línea de flotación” del movimento obrero organizado en las empresas y sectores productivos) y la eliminación de todo rastro garantista para los trabajadores en la legislación laboral española (ya de por sí una de las menos garantistas de Europa) bajo la coartada de una mayor “flexibilidad” en la contratación y en los despidos para los empresarios (en un país con una de las legislaciones ya de por sí más flexibles en su entorno). Todo ello ha venido siendo acompañado con una serie de medidas económicas cuyos fines no han sido otros que inyectar dinero público a la banca privada y proseguir un proceso de concentración del capital (capitalismo monopolista privado) en beneficio de la Gran Patronal representada por la CEOE y en detrimento de las pequeñas y medianas empresas.
La reforma constitucional —hurtando la posibilidad de refrendo popular— que se anuncia por parte de un gobierno que ha promovido a su vez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, es más importante de lo que a simple vista pudiera parecer. Algunos ya han comparado este “golpe constitucional” con el intento de Golpe de Estado de utraderecha de 1981. El objetivo es el mismo: acabar con preceptos básicos que establece una Constitución que fue fruto de un pacto que establecía cesiones tanto por parte de la derecha como de la izquierda. Algunos de quienes aún consideran de izquierdas al PSOE —lo que es mucho considerar a estas alturas del partido— han definido esta reforma constitucional como “un suicidio político de la izquierda”.
Volviendo a las declaraciones de la señora Salgado, principal valedora y fuerza de choque de las políticas de derecha extrema que viene aplicando el gobierno de ZP, efectivamente esta reforma sitúa al capital especulativo en el primer rango legal, el constitucional, y ataría de pies y manos cualquier iniciativa parlamentaria tendente a asegurar el llamado “gasto social” (inversiones públicas redistributivas de la riqueza y el bienestar) ya sea en tiempos de crecimento o de crisis, poniendo en primer plano la estabilidad de los mercados especulativos sobre las necesidades inversoras estatales (centrales o autonómicas) en Sanidad, Educación o infraestructuras… e incluso la posibilidad de renacionalizar sectores estratégicos como la banca, la energía o las telecomunicaciones de forma constitucional, por mucho que en su articulado y espíritu la Constitución actual establezca la primacía del interés público sobre el privado.
No se trata, por tanto, sólo de una cesión de soberanía nacional bajo el diktat de Alemania o Francia. En el plano interno esta reforma supone en la práctica ceder la soberanía del pueblo al capital especulativo y a los oligopolios privados locales, que son quienes —en última instancia— marcan los ritmos de las reformas y las decisiones de los gobiernos y oposiciones de turno desde los inicios del régimen bipartidista actual en 1982. La llegada al gobierno del PSOE poco tiempo después del Golpe de 1981 tuvo su letra pequeña y ahora la estamos leyendo con trazos muy gruesos. Tan gruesos que ese mismo partido, con el apoyo de su alter ego bipartidista, está proponiendo ahora culminar su legislatura con la ruptura del pacto constitucional de 1978, la base de la llamada “paz social” durante más de tres décadas.
‘Negras tormentas agitan los aires’…
En estas condiciones, indignarse soñando con rebeliones de clases medias que ni lo fueron ni lo serán (la clase media es un concepto tan metafísico como el centro político) o jugar a ser diana de la represión policial con repetitivas convocatorias minoritarias e insuficientemente preparadas o con debates paralizantes en los que nos dedicamos a “descubrir el Mediterráneo” de forma sucesiva ya no basta. Hay que pasar de la indignación a la acción masiva, consciente y organizada por todos los medios al alcance de la mayoría social. En justicia algunos podrían proponer que rueden cabezas, depurar responsabilidades políticas, pero eso sería irreal sin capacidad para llevarlo a cabo. En realidad tenemos ante nosotros un horizonte de sucesos mucho más amplio frente al poder real, que no es otro que el económico: reconstruir el movimiento obrero (cautivo y desarmado en la actualidad), transformar el clamor popular contra las políticas de derecha extrema en voto útil, consciente y organizado y, al mismo tiempo (sólo votando no se alcanzan objetivos plenos), proseguir en la construcción de un movimiento de oposición real por medio de asambleas de base territorial realmente representativas de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, único camino para asegurar la continuidad del movimiento y su incidencia real en los acontecimientos para detener el avance del único contendiente —hasta ahora— en esta lucha de clases que nos arrastra porque todos estamos inmersos en ella.
Sólo un 10% de diputados de izquierdas podría haber impuesto la celebración de un referéndum sobre esta reforma constitucional que muy posiblemente hubiera sido rechazada en tal caso. No ha sido así porque no hay un 10% de diputados de izquierdas en el Parlamento español. Llegados a este punto, la izquierda no debe seguir considerándose comprometida con el pacto social que dio lugar al régimen actual por el sencillo motivo de que lo han roto sus dos principales facciones políticas; de la misma forma que quienes voten al PSOE o al PP o aseguren sus hasta ahora amplias mayorías absteniéndose, blanqueando o anulando su voto forman parte del problema, no de su solución.
Texto: Paco Arnau / Ciudad futura
ciudad futura 