Recientemente Google ha presentado un mapa interactivo denominado «Governement requests directed to Google and YouTube» en el que se muestran las solicitudes a esta compañía por parte de agencias gubernamentales e instancias jurídicas o policiales de diferentes países en un doble sentido: por una parte, datos e información (supuestamente) confidencial sobre usuarios [Data requests] y, por otra, solicitudes de eliminación o cierre de contenidos [Removal requests] alojados en los diferentes servicios de Google (Blogger, YouTube, Picassa, GoogleDocs, etc.).
De los datos globales ofrecidos en este mapa no podemos extraer las causas o motivaciones reales de dichas solicitudes gubernamentales. Si bien es cierto que en unos casos puede tratarse de requerimientos relacionados con la persecución de actividades delictivas en la Red, ello no nos puede hacer olvidar que un buen porcentaje de estas solicitudes puede tener su origen en el afán de controlar y censurar los contenidos de internet en aras de la defensa de los sacrosantos intereses corporativos privados (los llamados «delitos contra la propiedad intelectual») o de la denominada política de Seguridad Nacional (coartada, en reiteradas ocasiones, para la represión y el control de la disidencia política antisistema y el recorte de los derechos y libertades ciudadanas). Campos, ambos, en los que los gobiernos occidentales están empeñados con crecientes medios en el teatro de operaciones de la que ellos mismos definen como ciberguerra. En este sentido, los datos del mapa difundido por Google resultan especialmente reveladores a la vista de que gobiernos como los de EEUU y Gran Bretaña, autoerigidos en obsesivos campeones de la defensa de la libertad de expresión e información en otros países, se sitúan en las primeras posiciones de este ranking de control de la Red de redes.
Sea bienvenida, en todo caso, esta iniciativa de Google encaminada a fomentar la transparencia informativa en internet. [Vía: Miedos de incomunicación]
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